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Declaran en una corte de EE.UU. víctimas del paramilitar colombiano Hernán Giraldo

(EFE).- La viuda y las hijas del activista colombiano Julio Henríquez declararon hoy en una corte de Washington para pedir a la Justicia de EE.UU. que tenga en cuenta su asesinato a la hora de dictar sentencia contra el paramilitar Hernán Giraldo, acusado en ese país de narcotráfico.

Esta es la primera vez que víctimas del conflicto colombiano declaran en una corte de Estados Unidos.

El juez de la Corte del Distrito de Columbia, Reggie Walton, decidió el año pasado que, a la hora de dictar sentencia, debe valorarse la conexión entre el delito de narcotráfico, por el que es juzgado Giraldo en EE.UU., y el asesinato de Julio Henríquez, un ecologista que quería acabar con los cultivos de hoja de coca.

Según narró su familia en la corte, Henríquez trató de formar un grupo ecologista con los agricultores de la sierra Nevada de Santa Marta, en el Parque nacional Tayrona, zona dominada por Giraldo.

El objetivo de Henríquez, antiguo miembro de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), era que los agricultores plantaran cacao en vez de coca, hoja con la que se fabrica la cocaína y que tiene unos efectos devastadores en el medio ambiente porque ataca a las especies autóctonas.

“Cuando construyó su grupo ecologista, los hombres de Hernán Giraldo lo llamaron y se lo llevaron en una camioneta blanca”, narró visiblemente emocionada la viuda del ecologista, Zulma Natacha Chacin de Henríquez.

El activista desapareció el 4 de febrero de 2001 y no fue hasta 2007 cuando su viuda y su hija mayor, Nadiezdha Natazha Henríquez Chacin, pudieron recuperar sus restos en una fosa común.

Según narró la hija, pudieron conseguir localizar sus restos porque, durante un juicio en Colombia, el propio Giraldo desveló dónde habían dejado el cuerpo y reconoció que “había dado la orden de matar a todo aquello que olía a guerrilla”, incluido Henríquez por su antigua pertenencia al M-19.

La familia ha tenido que esperar ocho años para ser reconocidas como víctimas en el caso de Giraldo, uno de los 14 exjefes paramilitares de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que en mayo de 2008 fueron extraditados a Estados Unidos por orden del entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010).

La familia aseguró que Giraldo, conocido por su alias “el Patrón”, sigue manteniendo control en la zona del parque Tayrona a través de sus familiares y amigos.

“El narcotráfico no anda solo, es parte de una estrategia. Los líderes paramilitares que fueron extraditados son responsables de muchos crímenes”, dijo en la vista Bela Juliana Henríquez Chacín, la menor de las hermanas y que en el momento de la muerte de su padre era solo una adolescente.

Mientras la familia hablaba, Hernán Giraldo, de 65 años, permanecía en silencio, sentado al lado de su abogado y tocando de vez en cuando las mangas de su mono azul de presidiario, que en la espalda llevaba las letras blancas “NNRJ”, siglas de Cárcel Regional de Northern Neck, la prisión de Virgina donde está encarcelado.

Giraldo se ha declarado culpable del delito de narcotráfico y, durante el proceso, admitió haber supervisado el cultivo, la manufactura y la distribución de 1.500 kilogramos de cocaína.

Por cobrar “impuestos de guerra” a los que cultivaban coca, la Fiscalía de EE.UU. pide para Hernán Giraldo una pena de 20 años de cárcel, de la que le quedarán por cumplir unos diez.

La petición de la Fiscalía se encuentra en línea con las condenas que han recibido otros líderes paramilitares extraditados a Estados Unidos como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, condenados a 15 años y 10 meses de cárcel y 16 años y medio respectivamente.

Por su parte, la defensa del paramilitar pide 12 años de cárcel y asegura que Giraldo era un “patriota” que cobró los impuestos de la droga con el único fin de proteger a los campesinos de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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