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Denuncian a jueces del Supremo argentino que aprobaron beneficiar a un represor

(EFE).- Un abogado argentino presentó hoy una denuncia penal contra los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia que la semana pasada fallaron a favor de acortar la pena de un represor condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983), informaron a Efe fuentes jurídicas.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien este martes trasladará el expediente a la Fiscalía, para que establezca si corresponde o no impulsar la acción o desestimar la denuncia.

El abogado Marcelo Parrilli, especializado en la defensa de derechos humanos y encargado de diversos casos referidos a los crímenes durante el régimen de facto, apuntó contra los magistrados Horacio Rosatti, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz, a los que acusa de haber incurrido en un delito de prevaricación, es decir, por, supuestamente haber dictado a sabiendas una resolución injusta.

El pasado 3 de mayo, los tres jueces se mostraron a favor de otorgar un beneficio penitenciario que ya estaba derogado y conocido como el “cómputo del 2×1” para rebajar la pena del civil Luis Muiña, condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos contra cinco víctimas en una cárcel clandestina que funcionó dentro de un hospital público durante el régimen militar.

La decisión del Supremo, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2×1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, actualmente derogada, y que señala que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de ese plazo cada día se computará doble al establecer la duración de la pena.

El beneficio, que se da después de un largo periplo judicial, se aplica al tratarse de la ley “más benigna” y al ser, los delitos por los que fue condenado, anteriores a 2001.

Los jueces denunciados manifestaron en su resolución que debía resolverse “en favor del acusado” en virtud de las exigencias del “principio de legalidad”, ya que la solución que propugnan es “aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad”.

Por otro lado, los dos jueces que votaron en contra insistieron en que esta reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Esta situación generó una fuerte polémica en el país, sobre todo entre los organismos de derechos humanos, que ya han convocado para esta semana marchas en contra de la decisión del Supremo.

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