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El Senado paraguayo trata el polémico impuesto a la exportación de granos

(EFE).- El Senado tratará hoy el proyecto de ley que busca aplicar un 15 % de gravamen a la exportación de soja, maíz y trigo en estado natural, impulsado por el Frente Guasú del exmandatario Fernando Lugo (2008-2012), en medio de las protestas de los productores y la oposición del Gobierno.

El proyecto tiene como finalidad recaudar una suma estimada en unos 300 millones de dólares anuales, que estarían destinados a compensar el impacto social y ambiental que provocan los grandes cultivos de soja, según dijo a Efe Mercedes Canese, asesora del Frente Guasú.

Canese explicó que la alta deforestación en Paraguay, que según la FAO asciende a unas 325.000 hectáreas de masa forestal por año, se debe principalmente a la utilización de esas tierras para la gran producción de granos.

Añadió que el cultivo de los granos genera un impacto social debido al desplazamiento de los pequeños productores que se ven imposibilitados de competir con los grandes cultivos.

“Hay todo un impacto ambiental y social que hoy no están pagando y sin embargo en los otros países si pagan, por eso hay un impuesto a la exportación de granos en otros países”, añadió.

Subrayó que el impuesto proyectado es una medida que ya tienen todos los países productores de soja en la región, como Argentina, Brasil y Uruguay, y que solamente Paraguay no tiene.

La asesora señaló además que con el impuesto se persigue incentivar la industrialización de los granos, y que por ello se debe aplicar a la exportación del grano en su estado natural, resaltando que es una medida que adoptan todos los países que desean “industrializarse”.

Agregó que otras de las razones de gravar solo la exportación obedece a la facilidad de control, ya que los granos tienen un precio internacional y que la mayor cantidad de exportación se maneja a través de unas pocas empresas.

Miles de productores de grano se concentraron el miércoles en la localidad de Naranjito, sur de Paraguay, en protesta contra ese proyecto de ley, al considerarlo “confiscatorio”.

También denunciaron que el impuesto golpeará a los pequeños y medianos productores, con una media de entre 40 y 50 hectáreas de cultivo.

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, rechazó ese mismo día el proyecto y dijo en una rueda de prensa en Asunción que tendría “consecuencias nefastas” en la economía.

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