En la mira del FBI: la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, un “hoyo negro”; la carretera de la muerte.
En el transcurso de 2021 han desaparecido cerca de 80 personas en la carretera federal que conecta la capital de Nuevo León con la fronteriza Nuevo Laredo; entre ellos, mujeres y menores de edad, la mayoría hombres jóvenes. Al menos siete víctimas son ciudadanos de Estados Unidos.
Los cárteles del narco se disputan a tiros la franja fronteriza de Tamaulipas, lo que ha dado pie, por ejemplo, a matanzas como la del pasado 14 de junio en Reynosa, pero no sólo eso: la carretera federal Monterrey-Nuevo Laredo se ha convertido en un hoyo negro donde suelen desaparecer personas de cualquier edad, sexo o condición social. Entre las víctimas de esas desapariciones este año ha habido numerosos ciudadanos de Estados Unidos, por lo que el FBI ya monitorea la zona.
Una mujer y dos de sus hijos, ciudadanos de Estados Unidos, fueron boletinados por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) después de que desaparecieron en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, el domingo de la semana pasada.
Desde noviembre del año pasado se reporta la desaparición de más de 56 personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, por donde cruza este municipio.
En la cuenta de Twitter @FBISanAntonio se difundió como “noticia de última hora” la desaparición, el pasado 13 de junio, de Gladys Pérez Sánchez, de 39 años, originaria de Laredo, Texas, junto con sus dos hijos, John Carlos González, de 16, y Michelle Cristina Durán, de nueve, cuando fueron a visitar a familiares en Sabinas Hidalgo, municipio rural ubicado 100 kilómetros al norte de esta ciudad.
Se transportaban en un vehículo Chevrolet Sonic amarillo, placas NBX 4740 de Texas, y fueron vistos por última vez cuando transitaban por la carretera interestatal Monterrey-Nuevo Laredo, de acuerdo con el tuit del FBI, y pide a quienes conozcan información de su paradero, que se comuniquen al teléfono 210-225-6741.
Al menos siete víctimas son ciudadanos de Estados Unidos, lo que obligó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) a solicitar información sobre esos casos a las autoridades mexicanas, pero a la vez realizar sus propias pesquisas, debido a que no confían en las corporaciones mexicanas de seguridad.
El pasado 29 de marzo, alrededor de las 07:35 horas, Luis Dávila Cadena, contador público de 32 años originario de Arkansas, se dirigía en su auto al Puente Internacional II Abraham Lincoln de Nuevo Laredo después de visitar a familiares y amigos en la capital de Nuevo León.
Se estacionó en una gasolinera sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, una importante vía periférica que evita pasar por la ciudad fronteriza y que se conecta con la carretera a Monterrey. A esas horas mandó un mensaje de celular a su familia, para avisarle que en menos de cinco minutos llegaría al puente para cruzar hacia Estados Unidos. Fue la última vez que sus parientes tuvieron contacto con el ciudadano estadunidense.
Durante su estancia en México, Davia Cadena se comunicó constantemente con sus familiares de Estados Unidos para reportar su ubicación. Cuando dejó de hacerlo, sus parientes se inquietaron. A partir de ese momento insistentemente marcaron a su celular, sin respuesta.
Horas después el FBI –que, con permiso de un juez, monitorea las llamadas telefónicas que salen de la franja fronteriza– buscó a la familia a pesar de que aún no reportaban a las autoridades su desaparición.
Desde Arkansas su madre, Laura Dávila, imploró al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sea empático con las familias y que haga todo lo humanamente posible para que los desaparecidos regresen a sus hogares. “Lo que estamos viviendo es un sentimiento agónico. Vivimos secuestrados. Es muy difícil la situación que estamos viviendo, sólo pensamos y queremos saber cómo están nuestros hijos. El taco que nos llevamos a la boca no nos sabe a nada. Dios quiera que el gobierno tome esto con seriedad y tenga empatía con lo que estamos viviendo”, concluyó la madre.
