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La Corte Suprema de Panamá rechaza investigar a unos diputados por donativos

(EFE).- La Corte Suprema de Panamá decidió hoy descartar una denuncia contra 13 diputados por presunta corrupción en la entrega de donativos y la contratación de servicios profesionales, informó el Órgano Judicial (OJ).

Los magistrados se reservaron “la oportunidad de acompañar el voto con una explicación o razonamiento”, por lo que no se hicieron públicos los motivos de tal decisión.

La denuncia por el delito contra la administración pública fue presentada por el abogado Carlos Herrera Morán en representación de un ciudadano, luego de que una investigación periodística del diario La Prensa revelara irregularidades en la entrega de donaciones y contratos de servicios profesionales en la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).

La denuncia fue tratada hoy en un pleno extraordinario convocado para tal fin el pasado 12 de abril, recordó el OJ en un comunicado.

El pasado 4 de abril la Corte Suprema de Justicia rechazó dos denuncias contra el presidente de la AN, Rubén De León, por las polémicas donaciones de los diputados, 12 millones de dólares en los últimos cuatro años que no siempre fueron a parar a manos de sus destinatarios, de acuerdo con investigaciones de la prensa local.

El archivo se produjo pocas semanas después de que la Comisión de Credenciales de la AN desestimara hasta ocho denuncias contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, acusado de supuestos delitos contra la administración pública.

La Corte Suprema es la única institución con capacidad para investigar y procesar los delitos de los diputados, y el Parlamento los de los jueces de la Corte.

Los diputados denunciados son De León, del opositor Partido Revolucionario Democrático, y sus copartidarios Benicio Robinson, Elías Castillo, Alfredo Pérez y Crescencia Prado.

De igual forma los oficialistas Adolfo Valderrama, Katleen Levy y Miguel Salas, del Partido Panameñista; Carlos “Tito” Afú, Juan Manuel Poveda, Dalia Bernal y Mario Miller, del opositor Cambio Democrático, y Juan Carlos Arango del Partido Popular.

Distintas organizaciones civiles han exigido a la Corte que investigue la figura de las donaciones que hacen los diputados por considerar que es claramente clientelista.

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