Inmigración

Entra en vigor cancelación de licencias para camioneros inmigrantes bajo nueva norma de Trump

Camioneros inmigrantes afectados por nueva norma del Departamento de Transporte impulsada por la administración Trump.
Alan Vanegas - Latino Press

DETROIT — Una nueva norma del Departamento de Transporte de Estados Unidos, impulsada por la administración Trump, entró en vigor el pasado lunes y afectará a unos 200,000 conductores de camiones inmigrantes, quienes comenzarán a perder sus licencias comerciales conforme estas venzan.

La medida prohíbe que solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA obtengan licencias de conducir comerciales. Aquellos que ya cuentan con una licencia válida no la perderán de inmediato, pero sí cuando expire.

Esta decisión impacta a la industria del transporte, clave para mover más del 70% de las mercancías en el país, en un contexto de aumento en los costos de energía debido a conflictos internacionales. El sector ya enfrenta desafíos como largas jornadas, bajos salarios y alta rotación de trabajadores.

El Departamento de Transporte argumenta que la norma busca mejorar la seguridad vial, señalando dificultades para verificar historiales de conducción de inmigrantes. También ha vinculado la medida a accidentes recientes y a preocupaciones sobre condiciones laborales en el sector.

Sin embargo, críticos aseguran que la política es discriminatoria y carece de evidencia que relacione a los conductores inmigrantes con mayores índices de accidentes. Señalan que todos los conductores, independientemente de su estatus, deben cumplir con los mismos requisitos de capacitación y exámenes.

Expertos anticipan que la reducción de la fuerza laboral podría elevar los costos del transporte, lo que eventualmente impactaría a los consumidores.

Para muchos afectados, como Aleksei Semenovskii, solicitante de asilo que ha trabajado como camionero desde 2020, la medida representa un golpe significativo. “He construido mi negocio basado en mi licencia. Es devastador para mi familia”, expresó.

La norma forma parte de un endurecimiento más amplio de políticas migratorias y laborales, mientras continúan debates y desafíos legales en torno a su implementación.

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