Biden le da a medio millón de venezolanos protección contra deportaciones.
El Gobierno de EE UU endurece la política migratoria con 800 nuevos agentes que vigilarán la frontera y acelerará la expulsión de familias.
La Administración de Joe Biden ha anunciado este miércoles medidas para agilizar el tapón que el sistema migratorio ha creado en muchas ciudades de Estados Unidos. El Gobierno ha revelado la segunda extensión del estatus de protección otorgado a los venezolanos, conocido popularmente como TPS (Temporary Protected Status).
Esto permitirá que 470.000 venezolanos que hayan cruzado la frontera obtengan permisos laborales y estén protegidos de ser deportados durante 18 meses.
El programa fue anunciado hace un par de años por Presidente Biden y ampliado el verano pasado por Alejandro Mayorkas, el titular de Seguridad Interior. La medida favorecerá solo a los venezolanos que hayan llegado a la nación norteamericana antes del 31 de julio de 2023.
El Departamento de Seguridad Interior ha señalado que la decisión de Biden se da porque hay “condiciones extraordinarias” que no permiten la devolución segura de los venezolanos a su país.
Por ello, el Ejecutivo estadounidense ha otorgado una nueva extensión para el TPS, que expiraba en marzo del 2024 ahora lo hará 18 meses más tarde. El Gobierno expeditará, desde el 1 de octubre, los trámites de permisos de trabajo para los inmigrantes que cuenten con una cita ante las autoridades de inmigración.
Ese era uno de los reclamos de varios alcaldes del país, quienes han recibido en sus ciudades a numerosos inmigrantes que han saturado las ciudades. Los regidores, especialmente los demócratas de Nueva York, Denver y algunas ciudades de California, habían pedido agilizar los trámites para que los inmigrantes pudieran trabajar y así seguir su camino dentro del país.
Presidente Biden alivia con una mano la presión de la inmigración dentro de su territorio. Con la otra, no obstante, ha endurecido la vigilancia de la frontera con el año electoral a la vista. La Administración ha informado esta que acelerará la expulsión de familias que hayan llegado a Estados Unidos de forma irregular.
Washington responde de esta manera a los números récord de cruces ilegales que el Departamento de Seguridad Interior documentó en agosto. Las autoridades detuvieron entonces a 91.000 inmigrantes que hicieron el viaje con algún miembro de su familia. Es la cifra más alta en cuatro años.
El Gobierno también reforzará la presencia de autoridades enviando a 800 militares a la frontera común con México. Con el anuncio de esta tarde, la presencia de elementos de fuerzas de seguridad asciende a 3.300. El Ejecutivo ya había desplegado a 2.500 elementos de la Guardia Nacional por varios puntos calientes de la línea.
La movilización coincide con un incremento del flujo de inmigrantes que están llegando, especialmente por Texas. Medios estadounidenses han mostrado recientemente imágenes de cientos de personas llegadas en los últimos días a la espera de ser procesadas en comunidades del bastión republicano. Algunos canales indican que hasta 8.000 personas cruzan diariamente.
Las autoridades no han confirmado la cifra, pero admiten que hay un incremento importante. Aseguran que los números oficiales serán dados a conocer pronto. Seguridad Interior, no obstante, ha confirmado que se ha ampliado a 23.000 personas la capacidad de los centros de detención. Estas grandes carpas blancas repartidas a lo largo de la frontera podrán recibir desde hoy a 3.250 personas más.
