Michigan protege a las trabajadoras de represalias por abortar.
Las empresas de Michigan tendrán prohibido despedir o tomar represalias contra sus trabajadoras por abortar, en virtud de un proyecto de ley firmado el miércoles por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, que modifica la ley estatal de derechos civiles.
Anteriormente, la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen de Michigan sólo protegía a las personas contra la discriminación laboral si el aborto era para “salvar la vida de la madre”. La legislación firmada el miércoles ampliará esas protecciones a cualquier persona que interrumpa un embarazo, independientemente del motivo.
“Nadie en Michigan debe sufrir discriminación por haber ejercido sus derechos constitucionales, incluido su derecho a la libertad reproductiva al abortar”, dijo Whitmer en un comunicado el miércoles.
La nueva ley, que entrará en vigor el año que viene, garantizará que las trabajadoras no puedan ser tratadas de forma diferente por someterse a un aborto, una disposición que, según los defensores, es importante para garantizar que los empleadores no discriminen por sus creencias personales.
La Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda y los servicios públicos por motivos de religión, raza, color, nacionalidad, edad, sexo, estatura, peso, situación familiar o estado civil. En marzo se modificó para proteger también a las comunidades LGTBQ.
Michigan ha sido uno de los estados líderes en la protección del derecho al aborto desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el año pasado el caso Roe contra Wade.
En noviembre, los votantes aprobaron por abrumadora mayoría una propuesta electoral que consagraba el derecho al aborto en la Constitución de Michigan, después de que la caída de Roe desencadenara una ley de 1931 que convertía en delito grave durante cuatro años la asistencia a un aborto. La ley, bloqueada en los tribunales durante meses, fue eliminada de los libros del estado el mes pasado por los demócratas.
La medida de Michigan de especificar la protección de los derechos civiles de las personas que han abortado parece ser relativamente poco común, incluso en un momento en que los estados azules están protegiendo el acceso al aborto.
Un proyecto de ley de Nueva York añadiría el “resultado del embarazo” a la lista de clases protegidas por la legislación contra la discriminación. Una ley firmada este año en Nuevo México prohíbe la discriminación por parte de organismos públicos contra las personas que hayan abortado.
La cuestión ya ha llegado antes a los tribunales. En 2008, el Tribunal de Apelación del Tercer Circuito de EE.UU., con sede en Filadelfia, dictaminó que la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964 impide a los empresarios despedir a trabajadoras por haber abortado.
